La lucha contra la delincuencia requiere voluntad política para emprenderla y organización para ejecutarla. Depende de la disponibilidad de un plan estructurado, administrado con métodos modernos de gestión y presupuesto asegurado.
Aunque los expertos tienen la última palabra en esta materia, consideramos que el Plan de Seguridad Ciudadana debe basarse en una operación policial (civil y no militar) destinada a localizar, aprehender y confinar a los delincuentes y en la aplicación de medidas para prevenir la comisión del delito.
Adicionalmente debe incluir dos aspectos importantes: el funcionamiento de los órganos y procedimientos legales involucrados en la detención y reclusión de los delincuentes, por cuanto el estricto control sobre los actos referidos a la preparación de los procesos judiciales evitaría que días más tarde los delincuentes aprehendidos vuelvan a las calles; además de un proyecto carcelario de autogestión y autofinanciamiento diseñado para la recuperación de los delincuentes y su reintegro a la sociedad.
Junto a los aspectos policial y judicial del Plan de Acción, el Estado debe ocuparse de implementar acciones correctivas de las carencias económicas y de servicio social que padecen los estratos de menores recursos, para intervenir una de las motivaciones de la delincuencia: la escasa cobertura de las necesidades básicas de esos grupos poblacionales.
La inserción de los desempleados en el mercado de trabajo actuaría como elemento disuasivo del delito y se haría a través de Oficinas de Empleo o mediante el paso de esos desempleados por las Escuelas de Capacitación Laboral Vocacional con el soporte socio-económico de los Créditos-Salario.
En lo concerniente al aspecto policial del Plan, consideramos que debe contemplar:
a) Prevención, con medidas como desarme, depuración de cuerpos policiales, participación de comunidades organizadas, conocimiento de los problemas de seguridad pública y la educación ciudadana contra el delito;
b) La disuasión, mediante el condicionamiento ambiental desfavorable al delito, la fortificación de los cuerpos policiales, los planes de empleo, los programas de capacitación laboral y el auxilio socio-económico de los grupos en proceso de capacitación;
c) La represión, aplicando operaciones policiales como ubicación del delincuente, búsqueda y confiscación de armas, vigilancia policial programada, desarme y limpieza territorial y la disposición cierta de leyes duras, jueces inflexibles y prisiones seguras.
Para que este plan funcione y se mantenga, se debe sustentar su administración en métodos modernos de gestión.
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