El federalismo: la revolución verdadera

Tenemos un compromiso: hacer de Venezuela un Estado Federal descentralizado, como manda la Constitución.

El escudo de la República está predeterminado al que correspondía a la consulta popular que aprobó la Constitución el 15 de diciembre de 1999. Por tanto sus cambios mediante ley en 2006, obedecen al capricho del gobernante, como sucedió también con la bandera al agregar una estrella; por eso, ambos símbolos de la patria deben regresar al diseño histórico que ordenó el pueblo como parte de su identidad nacional.

Estos comentarios vienen al caso porque el escudo de armas de la nación tiene la inscripción en la cinta tricolor, de la palabra “Federación”, la cual se remonta a 1859. La revolución de la Constitución consiste en hacer cumplir tal designio: ser un Estado Federal teniendo como amalgama la Constitución como norma suprema (art. 7).

La República fue calificada por los venezolanos como un Estado federal descentralizado y sus principios son: integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (art. 4).           

El federalismo descentralizado tiene 13 años de deuda pendiente con las comunidades y los ciudadanos. Visto el centralismo enfermizo y la concentración del poder en una sola persona, debemos empezar este proceso, cumpliéndose a través de tres aspectos: federalismo institucional, funcional y fiscal.

El federalismo institucional se logra: con la autonomía interna para que la organización cumpla las bases constitucionales; Poderes Públicos diferenciados; acuerdos inter-istitucionales para resolver asuntos de interés común de dos o mas municipios o mas de un Estado; tenemos que revalorar el contenido de las funciones propias de  un legislativo y un ejecutivo regional.

El federalismo funcional se sostiene: con leyes nacionales que sean ejecutadas por las instancias territoriales; las competencias propias de cada ente territorial deben ser apoyadas por el Poder Nacional cuando se produzca superposición de tareas; la diferenciación de las regiones es esencial en la eficiencia, si logramos una fuerte diferenciación funcional conseguimos más control del gasto y los ingresos.

El federalismo fiscal se fundamenta: en reconocer la autonomía financiera; el perfil de las entradas con grandes aportes del Gobierno Central obliga a que tales recursos sean repartidos hacia la satisfacción de los derechos; los impuestos propios permiten que los entes territoriales gasten en su mismo territorio el dinero pagado por sus ciudadanos; el Estado interviene para financiar aquellos proyectos que administrados por los entes territoriales obedecen a aportes especiales a ese ente territorial.

Este compromiso produce menos gastos, más servicios y más legalidad.

La cédula de identidad “made” en Cuba

La cédula de identidad electrónica es una amenaza para la vida privada, es un fichaje generalizado de la población o es una lucha contra la usurpación de identidad. Así se lo plantean en estos momentos la sociedad francesa, dada la discusión del proyecto de ley en el Senado (Periódico Le Monde del 13 de septiembre de 2011)

Mientras de acuerdo a la información que circula por Internet, el servicio de identificación de los venezolanos se desarrolla de acuerdo a un contrato celebrado bajo estricta confidencialidad en agosto de  2008, entre una compañía de nacionalidad cubana denominada ALBET Ingenierías y Sistemas, cuyo texto desconocemos

los venezolanos.

Este contrato se dice fue suscrito entre una compañía de nacionalidad mexicana. Gemalto Mexico S.A. de CV - donde se describe a ALBET como “integrador”- y el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como “cliente final”; se contempla la instalación de un laboratorio en la sede del Ministerio de Interior y Justicia, y le da a la empresa ALBET en exclusiva la propiedad de la tecnología contratada y, en consecuencia, el control de las claves de acceso; y otro laboratorio que se ubicaría en el lugar que ALBET establezca y communique posteriormente.

Esta información se hace pública en una nota del periódico El Nacional del 3 de septiembre de 2011: “Empresa Cubana creó sistema operativo para registros y notarías” “…Albert Ingenierías y Sistemas es una compañía de la Universidad de Ciencias Tecnológicas de La Habana que, mediante un contrato asignado sin licitación por el Ministerio de Interior y Justicia, hizo el software de la cédula, suministra las tarjetas de policarbonato y chips, con un subcontrato a una firma holandesa con filial en México.”

El tema central es que no existe, o no hemos encontrado,  ningún  acto legislativo referente a un contrato de ésta naturaleza que aparezca publicado en la Gaceta Oficial donde se haga referencia al nuevo sistema de identificación automatizado para la cédula de identidad, sus características, los datos que contendrá expresos y aquellos que puedan utilizarse para otras razones que no sea la identidad.

La Constitución de la República atribuye al Poder Publico Nacional la competencia de “los servicios de identificación” (art. 156) y a la Asamblea Nacional legislar sobre los servicios de identificación (art.187.1), la razón es poderosa: se trata de derechos constitucionales a la vida privada, a la confidencialidad de nuestros datos y la garantía de que será limitando el uso de la informática para tales casos, ordenando que una ley limite el uso de la informática (art. 60), y el otro derecho garantizado es el de toda persona de acceder a la información y datos que sobre sí consten en registros oficiales y conocer el uso que se haga de ellos (art. 28). Nada de esto se ha cumplido.

Ello significa que la transparencia, eficiencia, seguridad y control directo por el Poder Electoral, de los datos identificatorios de los ciudadanos, es un elemento indispensable para la realización de elecciones auténticas y transparentes, puesto que son los ciudadanos quienes constituyen el Padrón Electoral.

La inseguridad sí tiene respuesta

La lucha contra la delincuencia requiere voluntad política para emprenderla y organización para ejecutarla. Depende de la disponibilidad de un plan estructurado, administrado con métodos modernos de gestión y presupuesto asegurado.

Aunque los expertos tienen la última palabra en esta materia, consideramos que el Plan de Seguridad Ciudadana debe basarse en una operación policial (civil y no militar) destinada a localizar, aprehender y confinar a los delincuentes y en la aplicación de medidas para prevenir la comisión del delito.

Adicionalmente debe incluir dos aspectos importantes: el funcionamiento de los órganos y procedimientos legales involucrados en la detención y reclusión de los delincuentes, por cuanto el estricto control sobre los actos referidos a la preparación de los procesos judiciales evitaría que días más tarde los delincuentes aprehendidos vuelvan a las calles; además de un proyecto carcelario de autogestión y autofinanciamiento diseñado para la recuperación de los delincuentes y su reintegro a la sociedad.

Junto a los aspectos policial y judicial del Plan de Acción, el Estado debe ocuparse de implementar acciones correctivas de las carencias económicas y de servicio social que padecen los estratos de menores recursos, para intervenir una de las motivaciones de la delincuencia: la escasa cobertura de las necesidades básicas de esos grupos poblacionales.

La inserción de los desempleados en el mercado de trabajo actuaría como elemento disuasivo del delito y se haría a través de Oficinas de Empleo o mediante el paso de esos desempleados por las Escuelas de Capacitación Laboral Vocacional con el soporte socio-económico de los Créditos-Salario.

En lo concerniente al aspecto policial del Plan, consideramos que debe contemplar:

a) Prevención, con medidas como desarme, depuración de cuerpos policiales, participación de comunidades organizadas, conocimiento de los problemas de seguridad pública y la educación ciudadana contra el delito;

b) La disuasión, mediante el condicionamiento ambiental desfavorable al delito, la fortificación de los cuerpos policiales, los planes de empleo, los programas de capacitación laboral y el auxilio socio-económico de los grupos en proceso de capacitación;

c) La represión, aplicando operaciones policiales como ubicación del delincuente, búsqueda y confiscación de armas, vigilancia policial programada, desarme y limpieza territorial y la disposición cierta de leyes duras, jueces inflexibles y prisiones seguras.

Para que este plan funcione y se mantenga, se debe sustentar su administración en métodos modernos de gestión.

Las tareas del nuevo Presidente

La marginalidad y la exclusión se ven reforzadas por el carácter discriminatorio de la mayoría de las políticas públicas del Estado.

Esta situación de marginalidad social -de por sí compleja- acompañada de políticas sectarias, está produciendo una verdadera desintegración social en Venezuela, que se caracteriza por degradación personal y familiar; retroceso hacia la marginalidad para familias que, sin ser marginales, están siendo empujadas a esa condición como consecuencia del impacto de la crisis política y económica. Especialmente preocupante es la marginalidad entre los jóvenes.

La incapacidad de la estructura económica del Estado, cada día más intervencionista, acompañada de la destrucción progresiva del sector privado se muestra incapaz de incorporar a los jóvenes  a través de ocupaciones estables a la vida productiva del país.

La proporción de jóvenes desempleados o subempleados sube cada día entre la población económica activa, tanto  agrícola e industrial como profesional.

Las tareas que se tienen que emprender desde el primer día el nuevo Jefe de Gobierno son:

1.- Frenar el alto costo de la vida y la inflación

2.-Generar empleo. Alinear la educación y la producción para lograr el crecimiento tan esperado. Apoyar a las empresas venezolanas hacia su crecimiento, su competitividad y su apertura, para crear empleos que impulsen el desarrollo nacional.

3.- Lograr la seguridad personal y social

4.- Potenciar la agricultura y el abastecimiento alimentario. Rescatar y potenciar la capacidad creativa y empresarial del venezolano.

5.- Satisfacer con calidad los servicios públicos básicos. Dotar de vivienda para las familias de escasos recursos

6.- Desarrollar las tecnologías de vanguardia en la organización, expansión y proyección de nuestro sector petrolero. Enfocar el desarrollo tecnológico e informático y la capacidad de innovación a las exigencias de nuestros mercados.

7.- Aplicar la Gerencia en la acción de gobierno. Modernizar el Estado, para asegurar una cobertura eficiente, amplia e indiscriminada a los venezolanos de menores recursos en vivienda, educación, salud y previsión social

Las acciones descritas exigen rehacer al Estado Democrático con instituciones nuevas, acordes a las exigencias actuales, no volveremos sobre el pasado sino para aprender de los errores que cometimos, para desenterrar los valores que la historia nos enseña que son nuestros, las características del ser nacional; para construir una Nación basada en el consenso, en el acuerdo de todos los elementos de la venezolanidad, un territorio con un pasado, historia, religión, lenguaje, cultura y etnia comunes, que compartimos un presente y un proyecto futuro.

- La urgencia de otro Presidente -

Hoy, vivimos en Venezuela una crisis política y económica profunda, nos enfrentamos al desasimiento del Estado y de sus instituciones, al término de la separación de los Poderes Públicos para reunirse en las manos de una sola voluntad dogmática y totalitaria, que  ha irrumpido en la vida de quienes vivimos en este país diciéndonos y ordenándonos cómo debemos pensar, qué debemos hacer, cómo debemos votar, cuáles son nuestros amigos y enemigos. El gentilicio amable de nuestro pueblo ha sido sustituido por la confrontación entre hermanos, por el trato grosero, intolerante y discriminatorio.

Los ataques a la prensa y a los periodistas que no trabajan en los medios oficiales, los esfuerzos por controlar la libertad de información, de imponer una sola verdad, la utilización del sistema de justicia como fuerza de disuasión, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como nunca en la historia de nuestro país; acompañados de casos de corrupción que quedan en la impunidad, en que el último, arropa a los anteriores, están destruyendo los cimientos de nuestro Estado democrático y social de Derecho y Justicia, que propugna los valores superiores de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, LA DEMOCRACIA, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Valores reducidos a cenizas por el fuego revolucionario.

Los cambios registrados en Venezuela en este período  autoritario han tenido un efecto devastador sobre la integración social del país. La marginalidad y la delincuencia han irrumpido como un fenómeno de magnitud desconocida en las últimas décadas.

No sólo se ha producido un aumento del desempleo –abierto o disfrazado-, además desaparecieron puestos de trabajo de calidad, sustituidos por ocupaciones inestables: labores independientes o de buhonería y en otros casos, por dinero otorgado a los escogidos por el régimen, quienes deben decir que son bolivarianos o  vestir de rojo.

Esto ha hecho que sectores que aparecen como ocupados se hayan vuelto más vulnerables a las fluctuaciones del mercado o a la voluntad del régimen; produciendo una marginalidad sicológica, acompañada de pérdida de la autoestima.

Mención aparte merecen quienes han perdido sus empleos por razones políticas, muchos de ellos ni siquiera han percibido sus prestaciones, o no logran conseguir un trabajo digno por estar incluidos en la “Lista Tascón” o en la perfeccionada del “Comando Maisanta”.

Esta situación me produce una honda preocupación y un gran dolor, más aún cuando veo con consternación que los indicadores revelan el carácter de una marginalidad que incluye desmejoradas condiciones de empleo, ingreso, vivienda, consumo, educación, salud y seguridad personal.

¿De dónde salió ese uniforme?

La fotografía del Presidente Hugo Chávez descendiendo del avión que lo trajo de Cuba -país que él escogió para tratarse el cáncer-, apareció en todos los medios de comunicación. Los comentarios se centraron en su aspecto físico, pero ninguno advierte su vestimenta de militar activo, con insignias de poder de mando.

En la Constitución está establecido cuáles son los requisitos para ser presidente de la República: ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar, y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme.

Por tanto el Presidente está impedido de modificar aquello que le impide aspirar a ser Presidente e igualmente a aquello que se le exige renunciar para ser electo. Por ejemplo, no podría ser miembro de alguna iglesia, como tampoco podría obtener otra nacionalidad, en caso que pudiera hacerlo, aún cuando lo hiciera con posterioridad a resultar electo Presidente. Es un requisito que debe constatarse cuando se postula y debe mantener cuando se elige y asume sus funciones.

El Presidente Chávez cumplió con los requisitos constitucionales al momento de postularse, y debe cumplirlos igualmente durante el ejercicio de los seis años de su actual mandato.

Es indiscutible la trayectoria militar del actual Presidente y también es conocido que al presentarse como candidato había dejado de ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, con lo cual cumple con el estado seglar, junto a las otras exigencias constitucionales. Así, cuando se inscribió para aspirar a tan alto cargo y resultó electo, su condición de ser un civil se lo permitía.

Ahora bien, con el tiempo el Presidente Chávez dio a la condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales un contenido sólo militar y paulatinamente se nos presenta imprimiéndole a su vestimenta esta condición.

Dictó a la medida el decreto ley que reformó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y se otorgó un mando activo castrense, que lleva aparejado una vestimenta acorde, colocándose como el jefe con grado militar de más alto rango. Eso explica el uniforme  con laureles.

¿Ahora entiende porqué el Vicepresidente Ejecutivo no asume las funciones del presidente de la República ante las vacantes temporales?

¿Qué pasó con la Constitución? Se incumple el requisito de que el Presidente tiene que ser civil y además como civil ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Tenemos una fecha para comenzar a re-institucionalizar el país: el primer domingo de diciembre de 2012.

cecisosagomez@gmail.com

Twitter: @CeciliaSosaG